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Proyecto de Ley de acceso a la información en Brasil

La Contraloría General de la Unión (CGU) , con mucha satisfacción, comunica que el 13 de mayo, el Presidente de la República encaminó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley que regula el derecho de acceso a la información en Brasil.

Para la CGU, este Proyecto representa un marco en el proceso de consolidación de la democracia brasileña y un avance significativo en la lucha contra la corrupción, pues creemos con firme convicción que la transparencia es el antídoto más eficaz en la prevención y combate a este mal. Si no hay una oferta clara y abundante de información, la participación popular y el control social se convierten en meros discursos.

En los últimos diez años, se intensificó el movimiento mundial por tal reglamentación, y ahora, frente a la crisis financiera, los países centrales y las organizaciones internacionales recolocaron el tema en sus agendas con renovado énfasis. Fue lo que se vió en los EEUU con el presidente Obama decretando una nueva lectura del F.O.I.A. (la ley norteamericana de acceso a la información) para, ante la duda, optar por la apertura total: fue lo que se vio en el Banco Mundial, en la conferencia del Carter Center, en Lima, reuniendo sugerencias de los países para perfeccionar su política de transparencia; y también en las recientes reuniones del UNODC, del Foro Económico y del G-20, reconociendo que en la raíz de la crisis estaba la falta de transparencia de gobiernos, de bancos y de otras corporaciones.

El proyecto de ley brasileño surgió en el Consejo de la Transparencia Pública, de la CGU, en 2005, por propuesta de la ONG Transparencia Brasil y, en 2006, el Presidente Lula anunció su disposición de encaminarlo al Congreso, después de una discusión en el Ejecutivo, atendiendo, inclusive, a un compromiso firmado, en la campaña con el Foro de Entidades por el Derecho de Acceso a la Información, coordinado por el periodista Fernando Rodrigues, de la Folha de S. Paulo.

Este Proyecto da continuidad a la política de transparencia que el Gobierno del presidente Lula viene adoptando desde 2003, con la implementación de varias iniciativas que elevan el nivel de transparencia de la administración pública federal brasileña. El Portal de la Transparencia, es un claro ejemplo de esto. Creado por la CGU en 2004, es hoy una referencia global en materia de apertura del presupuesto público a la sociedad. Con más de 780 millones de informaciones, expone al control social cerca de R$ 5,4 mil billones en gastos públicos. No es por otra razón que, en un ranking de 85 países estudiados por el IBP, de Washington, Brasil quedó en 8º lugar como el país más transparente del mundo.

Aunque Brasil esté en un patamar superior a muchos países , incluso a aquellos que ya poseen leyes de acceso, en lo que se refiere a transparencia activa, sabíamos que era necesario avanzar en la dimensión de transparencia pasiva. Por la transparencia pasiva se ponen a disposición informaciones a partir de provocaciones de la población. Nos hacía falta una ley que regulase el acceso a cualquier documento específicamente buscado por un ciudadano en particular, una ley que definiese reglas claras y procedimientos prácticos para eso.

El Proyecto encaminado al Congreso Nacional innova al establecer que es obligatorio para los órganos y entidades de todos los entes y esferas gubernamentales, promover la difusión de informaciones de interés colectivo que ellos producen o custodian. Además de eso, dispone que el ciudadano puede requisitar incluso las informaciones que comúnmente no están al alcance de todos. El órgano o entidad al que se dirige el pedido, ya sea federal, provincial o municipal, debe autorizar o conceder el acceso inmediato a la información, o si es el caso, encaminarla en el plazo no superior 20 días hábiles.

Somos concientes que implementar una política de efectiva transparencia no es una tarea fácil porque existen dificultades técnicas, tecnológicas, administrativas, financieras y, tal vez, la mayor de ellas, la mentalidad que siempre ha prevalecido, la del secreto. Pero creemos que ellas pueden y deben superarse.

Sabemos, no obstante, que aún hay mucho por hacerse, en el sentido de hacer viable el derecho del ciudadano a obtener informaciones, requisito indispensable para el ejercicio de la libertad de expresión y del control social. Estamos felices porque el envío de este Proyecto de Ley significa un gran paso dado por Brasil, y queríamos compartir nuestra satisfacción con ustedes, compañeros que militan y trabajan en pro de la transparencia pública.

Jorge Hage
Ministro Jefe de la Contraloría General de la Unión de Brasil